No hay que ser un estudioso de los medios de comunicación, ni un ducho en cuestiones legales, para entender que la compra de un paquete de acciones de Epensa por parte de El Comercio en modo alguno configura un monopolio en sentido estricto. Por lo menos no en el sentido técnico y legal que este se entiende. Insistir en ello es un error, sin embargo no debiera ser óbice para señalar lo que sí es y que a muchos preocupa y a otros molesta: una peculiar y peligrosa concentración de la actividad de informar que dicha compra configura (algo que, por cierto, grafica muy bien Carlín) y que muy difícilmente no tendrá consecuencias en una democracia que no termina de dar muestras de que solo aquello que reporte buenos y excelentes negocios es saludable para todos y que todo lo demás, todo lo que cuestione o critique este sistema, es subversivo.

Dicho en buen cristiano, a lo que asistimos es a la formación de una posición de dominio sin precedentes en nuestra historia sin que hagan o digan nada nuestras autoridades o los organismos que debieran hacerlo. En una democracia que se precie de serlo y no solo que presuma de ello, esto simplemente no ocurriría. Por supuesto, no lo han hecho ni lo harán, escudados como están ante el hecho irrefutable de que no hay delito alguno que denunciar, que pone a buen resguardo el temor que ahora inspira un grupo mediático con ribetes de todopoderoso. ¿Qué político o autoridad con cuatro dedos de frente alzará su voz de protesta o denuncia ante el temor de que le inicien una campaña en contra o, simplemente, lo acusen de un supuesto 'atentado contra la libertad de expresión', el caballito de Troya de tantas campañas políticas encubiertas? Hasta ahora, salvo las escasas voces que lo han hecho clara y directamente, es vergonzosa la conducta de una clase política que debe estar de plácemes con una situación que a ellos les viene de maravilla: hacerle mimos o complacer al 78% de los medios impresos será ahora menos trabajoso.

Desde este punto de vista, afirmar que la mencionada compra de acciones es un asunto de privados (como señaló una periodista hace unos días en un programa radial) es mirar hacia otro lado o, simplemente, defender su puesto de trabajo (ya sabemos que hay medios en los que sus directivos le recuerdan a unos –incluso si solo se trata de un familiar- ‘para quien trabajan’ y que hay que alinearse, te guste o no). Pero si esta postura resulta debatible, la que afirma que el negocio de la información es una cuestión que las leyes del mercado resuelven como al resto de asuntos resulta poco menos que patética. Del mismo modo, como afirma el filósofo Zizek, que el neoliberalismo más recalcitrante ha subvertido el concepto de derechos humanos para convertirlo en “coartada para intervenciones militares y fundamento ideológico para el fundamentalismo de lo políticamente correcto”, así el de la información y la libertad de prensa han terminado en manos de la tiranía del mercado para justificar una obscena concentración de poder en nombre de la libertad.

Alguien dirá, y tal vez con razón, que tomar partido e informar según esa elección es una práctica habitual en el periodismo en la que nadie podrá arrojar la primera piedra. Puede ser, pero una cosa es ir al kiosko de la esquina y ver a los periódicos de medio pelo vomitar su acostumbrada inmundicia diaria y otra muy distinta que el 78% de los llamados ‘serios’ afirme subliminalmente, por ejemplo, que la izquierda francesa depende del priapismo de uno de sus líderes. Ocurrió hace un tiempo, cuando el entonces director del FMI fue arrestado y la noticia circulaba por los cables del mundo entero así: “Detienen al director del FMI por intento de violación en Nueva York”, pero que aquí se publicó del siguiente modo: “Arresto de Strauss Kahn complica al socialismo francés”. Claro, eran los tiempos de la primera vuelta electoral del 2011 y había que informar ajustado a los hechos y de paso ganarse alguito, ¿no? ¿Se puede seguir creyendo que la pluralidad informativa estará a buen resguardo cuando, en busca de réditos políticos, se tuercen los hechos y, peor aún, se hace leña de los más elementales principios periodísticos de redacción de un titular al obviar el quién, cuándo, qué y dónde de toda nota informativa? ¿Ocurrirá esto ahora en el 78% de medios impresos o las leyes del mercado también asegurarán que la información política no corra riesgo alguno?

Una doble moral o un radicalismo cómodo, si se quiere, nos empujan a protestar y denunciar los actos de corrupción o abuso del poder más que evidentes, pero no decimos nada, en cambio, de aquellos que se cometen al amparo de la ley. Es decir, sin violarla porque simplemente esta no existe o nunca nos preocupamos de legislar sobre determinados asuntos. Tal vez ya sea hora de hacerlo. Y yo, que no soy hombre de leyes y por ello puedo darme el lujo de proferir una tontería, diré que con carácter de retroactivo. ¿Por qué?

Porque, al igual que ocurrió durante el fujimorato, donde las voces de advertencia de los actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad fueron muchas y siempre ignoradas; así, ahora, las que advierten sobre el peligro de esta posición dominante en el ‘mercado de la información’ también lo son. Pero tampoco nadie quiere escucharlas.

Ya sabemos cómo terminaron las cosas la primera vez que lo permitimos. ¿Lo permitiremos otra vez?